El martes 18 de agosto, el Dr. Bernardo Navarrete Yáñez, Director de la Cátedra UNESCO en Transparencia y Acceso a la Información (TyAI) de la USACH y Consejero del Consejo para la Transparencia, participó como panelista en el Foro de Diálogo Multiactor "Transparencia en el sector extractivo: desafíos y agenda para Chile", organizado por el Centro de Democracia y Opinión Pública (CDOP) de la Universidad Central y la Mesa Ampliada de la Sociedad Civil (MASC) – EITI Chile.
El evento reunió a representantes del Estado, la industria, la sociedad civil y la academia en el Auditorio Carlos Blin Arriagada de Santiago. El Dr. Navarrete integró el Bloque 3, dedicado a beneficiarios finales y propiedad efectiva, junto a Alejandro Ferreiro, presidente de Chile Transparente, y Luis Martínez, director ejecutivo de Circular Tech. El panel fue moderado por Daniel Oyarzún, director de Fundación Multitudes.
Chile, sin registro operativo de beneficiarios finales
El debate giró en torno al proyecto de ley que crea un registro nacional de personas beneficiarias finales (boletín 16.475-05), ingresado al Senado en diciembre de 2023 y que acumula más de dos años sin tramitación efectiva en comisión. El Dr. Navarrete situó el problema en términos institucionales: la corrupción moderna, el crimen organizado y la elusión fiscal comparten el mismo mecanismo, que consiste en interponer capas de personas jurídicas entre quien controla y quién se beneficia, cortando así la trazabilidad desde la primera sociedad. "Chile hoy puede saber quién es el titular formal, no necesariamente quien la controla realmente", advirtió.
Desde su rol como Consejero del Consejo para la Transparencia, señaló que Chile es uno de los pocos países de la región sin un registro operativo, mientras Uruguay, Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador, Argentina y Brasil ya cuentan con estos esquemas. Agregó que GAFILAT, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y la OCDE han recomendado expresamente avanzar en esta materia, y que la demora podría transformar al país en un destino atractivo para estructuras del crimen organizado y afectar su posición en negociaciones internacionales de intercambio de información tributaria.
Alejandro Ferreiro, presidente de Chile Transparente, complementa el diagnóstico señalando que un registro de beneficiarios finales no hace sino visibilizar información que en su génesis siempre fue pública, pues la constitución de una sociedad se realiza por escritura pública. Para Ferreiro, la paradoja es evidente: "Nadie levanta la mano diciendo que está en contra de la transparencia", pero sin presión explícita, prevalece la inercia legislativa. Llamó la atención que sectores dispuestos a apoyar medidas más intrusivas para combatir el crimen organizado no muestran el mismo celo ante una iniciativa que no afecta derechos individuales.
Por su parte, Luis Martínez, de Circular Tech, subrayó que la principal dificultad no es la ausencia de información sino su fragmentación: los datos existen en distintas instituciones como Impuestos Internos, COCHILCO, el Registro de Concesiones, pero sin interoperabilidad que permita identificar a los beneficiarios finales de manera centralizada.
El panel cerró con un llamado compartido a la sociedad civil para presionar activamente la tramitación del proyecto en el Congreso, en un contexto en que Chile ya integra el estándar EITI sin contar aún con el instrumento normativo que este exige.
