“A partir de un oficio que el Consejo para la Transparencia le envió a la Contraloría General de la República, se identificaron 252 resoluciones exentas sobre procesos disciplinarios a alcaldes iniciados y finalizados durante los años 2014 y 2023, con más de 170 jefes comunales investigados”, aseveró el profesor asociado del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile y presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, en una clase magistral realizada en la Universidad Autónoma de Talca.
En la instancia, donde participaron alumnos, académicos y autoridades del plantel universitario, el destacado académico y Doctor en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense - IUIOG, planteó que, en materia de percepción internacional y nacional sobre corrupción, el caso chileno es particular. Esto, según dijo, se refleja en que, si bien a nivel mundial nuestro país es reconocido con bajos índices, a nivel local el panorama es distinto. “En el contexto internacional Chile muestra indicadores comparables a países como Dinamarca, Alemania y Suecia. Además, se distingue favorablemente dentro de los países de la región. Incluso, en materia de rendición de cuentas, Chile muestra un desempeño comparable al de naciones como Gran Bretaña, Alemania y Suecia, superando ampliamente a sus vecinos. Sin embargo, a nivel local, todas las encuestas revelan aumentos en los niveles de percepción de corrupción entre los encuestados”, indicó Navarrete.
En cuanto a los municipios, el académico detalló que si bien según los datos del CPLT en cuanto a fiscalizaciones en transparencia activa (información que los servicios públicos deben tener publicados en sus sitios electrónicos de manera clara y oportuna) han mejorado significativamente, varios otros indicadores evidencian un panorama negativo. Por ejemplo, solo un 19% de estas entidades cuentan con códigos de ética, lo que refleja las dificultades de implementación de los sistemas de integridad al interior de estas. Además, puntualizó que, según un diagnóstico de la SUBDERE, el promedio anual municipal de integridad y probidad en los últimos cinco años ronda solo el 27% de cumplimiento.
En una mirada a la teoría, Navarrete presentó en la conferencia como una de las causas que explican la corrupción en los servicios públicos, el denominado “Dilema del Prisionero”. Éste relata que en situaciones donde varios administradores pueden beneficiarse de la corrupción, pueden enfrentar un dilema similar a la de un prisionero. Esto, ya que cooperar, es decir, mantenerse honestos, es lo mejor para el grupo o la sociedad, pero traicionar o ser corrupto puede ser lo mejor para el individuo, especialmente si otros también eligen ser corruptos. Tras ello, el titular del CPLT sintetizó la hipótesis planteando interrogantes a la audiencia: “¿Cuál es entonces el costo – beneficio de mantenerse honesto y acusar, frente a ser corrupto y mantener silencio? ¿Si otros son corruptos y no han tenido castigo, por qué yo no puedo serlo?”.
Al finalizar, Bernardo Navarrete comentó el trabajo en terreno que está realizando el CPLT a lo largo del país con alcaldes y directivos municipales con el fin de incentivar la discusión interna en base a matrices de percepción de riesgos de corrupción, al interior de las direcciones de cada municipalidad. Este modelo ya se ha implementado en cerca de 10 comunas del país.
