El profesor del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago y presidente del Consejo para la Transparencia, Bernardo Navarrete, participó del seminario “Desafíos de Integridad Pública 2025” organizado por la ONG Chile Transparente y la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde destacó la importancia de fortalecer los estándares de transparencia y probidad en el sector público.
El evento, que contó con la presencia de los alcaldes Tomás Vodanovic, de Maipú, e Isabel Valenzuela, de Colina, abordó los principales avances y retos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, destacándose temas como la implementación parcial de la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) y de las medidas propuestas por la denominada “Comisión Jaraquemada” sobre relación entre instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado.
En este contexto, el además director de cátedra UNESCO en Transparencia y Acceso a la Información (Unesco Chair), reflexionó en torno a las diferencias entre la percepción nacional e internacional sobre la corrupción en Chile y las consecuencias que tendría que la percepción internacional se acercara a la nacional. Asimismo, explicó la fórmula de la corrupción del profesor R. Klitgaard, que postula que la falta de transparencia es uno de factores que permite la corrupción, así como también la posibilidad de ejercer la autoridad de forma monopólica y discrecional.
Respecto a esto último, hizo un símil con la figura del alcalde en Chile, explicando que la autoridad local en el país se enmarca en el modelo de “alcalde fuerte”, proponiendo una separación entre las figuras del alcalde y el administrador municipal, a fin de que el primero concentre el poder político y el segundo se aboque a los asuntos administrativos, sin depender jerárquicamente del primero. Adicionalmente, señaló que “una de las principales falencias en materia de prevención de la corrupción es la carencia de cooperación interagencial, dada por la falta de una agencia nacional anticorrupción que pueda coordinar a los órganos del Estado que forman parte del sistema de integridad”.
Finalmente, y con relación a los desafíos en materia de transparencia y derecho de acceso a información pública, subrayó:
Es necesario avanzar hacia un estándar uniforme de transparencia para todos los órganos del Estado. No es posible entender a esta altura que los poderes legislativo y judicial y varios órganos autónomos constitucionales sigan manteniendo regímenes especiales y atenuados de transparencia, fuera de la tuición del CPLT. Además, el país requiere aumentar los estándares de transparencia aplicables a privados financiados con recursos públicos; potenciar la transparencia activa, de manera que se convierta en la regla general de acceso a la información por sobre las solicitudes de acceso a información, aprovechando la tecnología creciente y digitalización del Estado; y actualizar y perfeccionar la política de gestión de archivos y digitalización del Estado.
