PENSIONES DE REPARTO: LUCRO POLÍTICO
MAURICIO OLAVARRÍA GAMBI
Departamento de Estudios Políticos
Universidad de Santiago de Chile
Publicada en El Mercurio, página A2,
Viernes 8 de octubre de 2021
Diversos grupos promueven el sistema de reparto o uno “nocional”, que es un reparto encubierto. Por ello, es conveniente revisar la experiencia chilena sobre este tema.
En 1924 – 1925, con el impulso del Presidente Alessandri Palma y “ruido de sables” mediante, se crearon las Cajas del Seguro Obligatorio, de Empleados Particulares y de Empleados Públicos. El naciente sistema se constituyó como capitalización individual en pensiones y colectiva en salud.
En 1952 se reformó el sistema a uno de reparto, argumentando la inefectividad de las inversiones de las Cajas y la inflación de la época. El Ministro Mardones – de Salud – exponía en el Congreso que “inversiones en bonos, fundos, edificios de renta, etc., no tienen ningún significado para los asegurados; inclusive, se han convertido en un peso gravísimo para la economía del país, pues implican una capitalización no productiva”. En 1951, la revista Panorama Económico señalaba que “el sistema de capitalización ha sido frustrado […] también, porque el proceso inflacionista ha resultado de un corrosivo más poderos que todas las medidas pseudoprotectoras que se pretendía tomar a través del resguardo proveído por edificios, fundos y otros bienes duraderos”.
Los siguientes tres presidentes criticaron con dureza al sistema de reparto. En 1955, el Presidente Ibáñez señalaba que “es preciso reconocer que adolece de defectos serios, tales como las desigualdades y privilegios existentes, beneficios excesivos y aún rayanos en el abuso”. Luego, reiteraba “la necesidad de … eliminar los abusos y demasías y reducir el costo excesivamente alto de algunos regímenes previsionales”. En 1959, el Presidente Alessandri Rodríguez advertía al Congreso acerca del alto “costo de administración de los servicios previsionales” que “ha sido la consecuencia … de la presión ejercida por los sectores más influyentes de asalariados”. En 1963 agregaba que “mientras una reforma constitucional no prive en absoluto al Parlamento de iniciativa en materias previsionales, resultaría estéril el esfuerzo desplegado para realizar una reforma”. En 1965, el Presidente Frei Montalva exponía ante el Congreso que “este sistema llevará inevitablemente a la quiebra de las Cajas de previsión o a la insolvencia del país”. En 1968, “consciente de la crisis de nuestro régimen previsional”, Frei presentó una reforma, argumentando que “se está de acuerdo, unánimemente, que él es malo. Voces de los más distintos y antagónicos credos políticos así lo han proclamado. Los diversos técnicos lo han reconocido”. Luego que la reforma no fructificara, en 1970 declaraba: “La conquista del poder se convierte en el supremo objetivo, bajo el supuesto que todo está permitido para lograrlo. […] contra la opinión de organismos técnicos insospechables, contra la opinión de quienes administran los Servicios, se han dictado leyes sin financiamiento y otorgados beneficios imposibles de solventar sanamente. Las observaciones formuladas por el Gobierno han sido inútiles y se está llevando a la quiebra al sistema (previsional)”.
En enero de 1970, el Presidente Frei Montalva logró aprobar una reforma constitucional, presentada en noviembre de 1964, que concedía atribución exclusiva en materia previsional al Presidente de la República.
Entre los abusos y privilegios que estos tres presidentes espetaban al Congreso estaban: las perseguidoras, que permitían a los altos cargos civiles o militares obtener una jubilación equivalente al sueldo del cargo en que habían jubilado y los incrementos que ese cargo tendría en el futuro; que los parlamentarios podían jubilar con dos periodos, con perseguidora y sus viudas percibir generosos montepíos; que los empleados públicos podían jubilar con 20 años de servicio, según sus últimas remuneraciones, rejubilar después de un tiempo y seguir trabajando para obtener una nueva pensión luego; que las Cajas de Previsión otorgaban préstamos con tasas de interés real negativas, lo que agravaba el desfinanciamiento de las cajas, que debía ser suplementado por el fisco. Mientras tanto, los obreros y trabajadores pobres solo podían jubilar por edad, si sus cotizaciones eran menores al tiempo mínimo establecido las perdían, tenían “lagunas previsionales” y pensiones miserables, que solo podían reajustarse por ley, lo cual completaba el panorama de desigualdades y abusos del sistema de reparto. Las Cajas de Previsión eran administradas por Consejos nombrados políticamente, en los que los parlamentarios tenían gran incidencia.
Así, es muy necesario recordar el funcionamiento real del sistema de pensiones de reparto, que de solidaridad no tenía nada.
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