En las últimas semanas se ha consolidado un escenario con desenlace estrecho que dificulta pensar que la nueva Constitución chilena sea un instrumento efectivo para institucionalizar el conflicto político y social que vive el país.
El plebiscito de entrada celebrado el 25 de octubre de 2020 reflejó el impulso transformador generado por el estallido social en octubre de 2019, con un resultando categórico del 78,31% a favor de una nueva Constitución para Chile. Sin embargo, desde inicios de abril de este año las encuestas muestran que el 'rechazo' supera al 'apruebo' en el plebiscito de salida, con una diferencia significativa de 18 puntos hacia la segunda quincena de junio (día 24 de ese mes) y ocho puntos en la medición más reciente (25 de julio), con propensión a disminuir la diferencia entre ambas opciones a medida que el proceso se acerca a su recta final.
La caída del respaldo al apruebo para el plebiscito de septiembre próximo se suele explicar por condiciones no previstas en el diseño inicial del proceso constituyente. Entre ellas se cuentan los problemas performativos reiterados de los convencionales que han dañado la legitimidad inicial del órgano constituyente. Otra condición para entender el aumento del rechazo correspondería al contenido mismo del texto, especialmente en lo referido a la organización del Estado, comprendido en los capítulos VI a IX de la propuesta; específicamente, en relación con la propuesta de nuevo Poder Legislativo (Capítulo VII) y de nuevo sistema de Justicia (Capítulo IX). Un último determinante del crecimiento del no correspondería a la crisis económica que vive el país, con proyecciones de bajo crecimiento y alta inflación para 2023 que multiplican la aversión al riesgo por el cambio institucional.
La estrategia retórica de ligar la suerte del Gobierno de Apruebo Dignidad a la aprobación del nuevo texto constitucional tenía sentido cuando el respaldo del presidente era mayoritario; pero con el aumento de la desaprobación de Gabriel Boric durante el último mes (superior a 55%) y la evidencia de que el porcentaje del apruebo correlaciona directamente con la aprobación presidencial, el resultado de esta apuesta resulta incierto. Aunque, por otra parte, la activa movilización territorial en los últimos días de las dos coaliciones oficialistas (Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático) puede contribuir a un acortamiento de la distancia entre ambas opciones e, incluso, revertir las tendencias actuales.
Un hecho político que se ha configurado como contracara de la caída del prestigio de la Convención Constitucional es el surgimiento de un tercer espacio a nivel de opinión pública. Este tercer espacio se caracteriza por la creencia de que, se apruebe o se rechace, se requieren cambios posteriores al plebiscito de salida para garantizar la gobernabilidad. De acuerdo con los datos de la encuesta Cadem (24 de julio), quienes aprueban para reformar posteriormente alcanzan un 36%, y quienes rechazan para impulsar un nuevo proceso llegan al 31%; un 11% aprueba para que el texto elaborado por la Convención se implemente sin modificaciones, y un 21% rechaza para continuar con la Constitución actual. Se observa que quienes desean cambios frente al texto que propone la Convención suman un 67% sobre el total de preferencias, consolidando un tercer espacio táctico sobre el que se refirió el ex presidente Ricardo Lagos hace algunas semanas y, más recientemente, el presidente Boric con el anuncio del Plan B para el supuesto de que en septiembre gane el no.
Gráfico 1.- Alternativas del plebiscito de salida: ¿cuál de las siguientes alternativas cree que es la mejor para el país? (en %)
Fuente: Encuesta Cadem, 24 de julio.
El segundo hecho político consiste en que probablemente el resultado del plebiscito sea apretado, dependiendo de la participación efectiva y su diferencia con el voto probable. La eventual angostura de estos resultados producirá un dilema complejo para la administración de Boric, pues deberá afrontar, según sea la situación, tensiones con la oposición o con su propia coalición de respaldo.
En caso de que gane el apruebo, la oposición de derecha acelerará un desplazamiento hacia posiciones más extremas y los sectores de la derecha liberal perderán centralidad en el debate político nacional. Este escenario podría favorecer una oposición intransigente, alienada por urgencias restauradoras, que evaluará su desempeño en función de la magnitud del fracaso gubernamental. El presidente Boric, como líder de un Gobierno minoritario, podría quedar expuesto a la dictadura de las cuotas en el Congreso durante la actual legislatura y, por consiguiente, los costes de transacción podrían aumentar exponencialmente en su primer año. En caso de que gane el rechazo, podría producirse un ajuste de cuentas entre los dos bloques del oficialismo, afrontando los próximos años del gobierno con un daño relevante en la opinión pública y con confianzas debilitadas entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático que dificulten la formación de mayorías en el Congreso.
Claramente, la votación de los 4/7 como quorum rebajado uniforme para la reforma constitucional o el compromiso publico de los partidos oficialistas para concretar reformas en aspectos sensibles del texto propuesto por la Convención podrían mover votos desde el rechazo hacia el apruebo. Sin embargo, sacrificar contenidos del texto constitucional con un compromiso de reformas a corto plazo tensionaría a los partidos de Apruebo Dignidad.
Boric se encuentra ante dos peligros de los cuales no puede escapar sin sacrificar algo. Tal como el navegante que se enfrentaba a Escila y Caribdis, el Gobierno de Apruebo Dignidad, debido a su propia decisión de ligar su suerte a la del proceso constituyente, estará obligado a asumir pérdidas cuantiosas, construyendo un tipo de oposición intransigente o sometiendo a su propia coalición a restricciones estratégicas que pueden dañar su futura efectividad legislativa o electoral.
